La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es un tratado internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad y que fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). España la ratificó el 3 de diciembre de 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico.
La Convención, recoge los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados para promover, proteger y garantizar que las personas con discapacidad disfruten plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos y libertades fundamentales y promuevan el respeto de dignidad inherente.
El objetivo es conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto la consolidación del enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad ya que constituyen el 10% de la población mundial.
La Convención produjo cambios en la legislación española, el más importante es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprobó el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Este año, los gobiernos locales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebran la modificación del Artículo 49 de la Constitución Española, adecuándolo a la realidad social y a la normativa internacional, y que refleja el enfoque de derechos y de inclusión.